Estaba hace un par de noches viendo la televisión, y ante el maravilloso panorama televisivo que tenemos en este país, decidí dar una vuelta entera por todos los canales; la cuestión es no irse a dormir. Y así seguí un par de veces, hasta que me detuve por curiosidad en uno de esos canales locales en los que cuando no están haciendo tarot televisado están pasando una película porno barata. En este caso no tuve suerte y estaban haciendo tarot, así que me quedé viéndolo diez minutos. Aparte de lo divertido que resulta ver cómo el sujeto de la pantalla en cuestión manipula al oyente para sonsacarle la información (hay algunos realmente hábiles, aunque tampoco crean que soy un forofo de este tipo de “programas”), me sorprendió lo que pasó con una llamada:

—Sí, parece que tenemos una nueva llamada. Dime, bonica.
—Hola. Verás, me han operado del riñón hace unas semanas y quería saber si todo va a ir bien.
—Lo siento mucho, pero ya sabes que desde hace algún tiempo en antena ya no atendemos problemas de salud.
—…

Probando, probando….

Hay una frase en el artículo 9 de la LOPD que a los que nos dedicamos a esto de la seguridad nos hace mucha gracia. Es aquella que dice que “el responsable del fichero […] deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos […] habida cuenta del estado de la tecnología […]“.

Extrapolemos esto al ámbito de la seguridad en general, y no sólo restringida a los datos de carácter personal: el estado actual de la tecnología hace que, por ejemplo, tengamos a nuestro alcance dispositivos del tamaño de un paquete de tabaco (me parece que esta comparación está pasada de moda) que nos permiten hacer fotografías, grabar imagen, voz, hacer fotocopias y un café descafeinado de máquina.

No se si recuerdan que hace unos días lanzamos al aire una serie de reflexiones sobre Google y la gestión de datos personales. Pues bien, hoy aparecía en las noticias que el Defensor del Pueblo había solicitado a la Fiscalía que exigiese a YouTube la retirada de un video en el que unas personas se burlan de un discapacitado [ElPais.com, elmundo.es] y al parecer, la AEPD ha entrado en el asunto realizando una investigación de oficio. Sin entrar en demasiados detalles, y dejando al lector el ejercicio de quién es en este caso el Responsable del Tratamiento y quién el Encargado del Tratamiento, no deja de ser interesante, al menos como punto de partida, que la AEPD haya abierto una investigación de oficio, porque como suele decirse, eso indica al menos que cuando el rio suena, agua lleva…

Reconozco que soy “de la vieja escuela”, que me gusta “tocar papel” cuando tengo que revisar un informe o leer un documento mínimamente extenso (y tengo que reconocer que esto me provoca un conflicto con mi conciencia medioambiental, pero eso es otro tema…). Ese gusto por el papel hace que periódicamente —siguiendo la política de mesas limpias implantada en mi organización— tenga que hacer limpieza, y destruir adecuadamente la documentación obsoleta.

Revisando papeles, y teniendo reciente un “correo-sugerencia” que me recordaba que hacía tiempo que no escribía nada para el blog (N.d.E: “hacía tiempo” es una estimación algo optimista, teniendo en cuenta que la anterior aportación es del 25 de mayo) me descubrí a mi mismo ojeando una noticia en ElPais.com sobre el apasionante mundo de “los buscadores y los datos personales”. Y me dije: de hoy no pasa.

He hablado más de una vez a favor de la LOPD, incluso, como el otro día, cuando se trata de defender las nada despreciables multas que su incumplimiento conlleva. Considero que, más allá de consideraciones profesionales, la LOPD es una ley necesaria y aunque por supuesto susceptible de ser mejorada, bastante correcta.

Lo que me parece indignante es que una simple búsqueda en Google proporcione listados de admitidos a concursos públicos de todo tipo de organismos (públicos), y no sólo nombres, apellidos y DNI, sino además, la correspondiente información de admitidos en el cupo de discapacitados, que como saben es un dato especialmente protegido, porque además en las bases se suele indicar el porcentaje mínimo de minusvalía que se requiere para entrar en éste. Entiendo que esta información debe estar disponible para que los interesados comprueben sus calificaciones, si han sido admitidos o no, y el porqué no en este último caso. Entiendo que por una simple cuestión de transparencia, estos listados deben estar accesibles a todos los afectados.

Imagino que conocen ustedes la LOPD y las sanciones que conlleva su incumplimiento: de 600 a 600.000 euros o más, dependiendo de la severidad y el número de incumplimientos, ya que las sanciones son acumulativas; no es lo mismo tener una página web con los nombres y apellidos de tus empleados, que otra que incluya además información de discapacidad o afiliación sindical con todo lujo de detalles (el ejemplo es inventado). No se preocupen, no vengo a meterle miedo a nadie ni pretendo ser agorero. Vengo a hablar de la proporcionalidad o desproporcionalidad de tales sanciones, algo sobre lo que probablemente ya tengan ustedes formada una opinión.

Uno de los colaboradores habituales de S2 Grupo comenta en ocasiones, en relación con este tema, que mientras la muerte de un trabajador en accidente laboral puede “arreglarse” económicamente con cerca de 120.000 euros, por muy duro y frívolo que eso suene, un incumplimiento severo de la LOPD —o de su acompañante, el RMS— puede conllevar una sanción de varias veces esa cantidad, algo que en apariencia al menos carece de sentido. Personalmente, considero la comparación bastante apropiada, ya que por muy flagrante y grave que sea la exposición de tales datos (sin tener en cuenta que incluso en empresas relativamente concienciadas, no es muy difícil tener alguna no conformidad grave), la muerte de una persona la supera con creces.

Volvemos con más LOPD, si me lo permiten. ¿Recuerdan cómo empieza el Reglamento de Medidas de Seguridad (RMS), verdad? Les hago memoria, por si acaso:

En los últimos tiempos estamos inmersos en la fiebre de las X-Basura. Hablamos de Tele-Basura que ninguno vemos, comemos comida-basura, firmamos contratos basura y ahora nos ponemos a hacer proyectos basura. No me malinterpreten; es evidente que cada uno puede hacer lo que estime oportuno, siempre y cuando respete los derechos de los demás. Pero aquí, no obstante, es donde radica el problema que analizo a continuación.

En la actualidad, y a raíz del auge y la importancia que va adquiriendo tanto la LOPD como la concienciación en torno a los derechos de privacidad de las personas, patente por la publicidad que adquieren a menudo las sentencias de la AEPD, se ha creado un negocio de grandes proporciones relacionado con la seguridad de la información en la que despachos de abogados, grandes consultoras, empresas de seguridad y hasta las tiendas de informática de la esquina intentan coger lo que les pueda corresponder a pesar, a veces, de no hacer un trabajo de calidad que cubra lo que el espíritu de la Ley pretende mínimamente.

Hay una cosa que no he acabado de entender nunca y tal vez tenga una explicación mejor que la que yo le encuentro.

Hace ya mucho tiempo -los años no pasan en balde-, cuando me enfrenté por primera vez a un Sistema de Gestión de Calidad me llevé una grata sorpresa porque vi en ellos una forma de racionalizar el trabajo que se desarrolla en una organización sin perder ese punto de intuición y el espíritu creativo que el ser humano lleva dentro. Un sistema formal y estricto con un punto de escape para la creatividad y la innovación a través del concepto de mejora continua implantado mediante el Ciclo de Deming que preside, desde un lugar de honor, el funcionamiento de estos sistemas de gestión.