Publicado el borrador del RD de Protección de Infraestructuras Críticas

Fue allá por el 92 cuando la aparición de la LORTAD, que evolucionó hasta la actual LOPD, marcó un antes y un después en el marco de la seguridad y la protección de datos. Actualmente, están surgiendo otras iniciativas de referencia que claman por convertirse en otro punto de inflexión en materia de seguridad en España.

La primera de ellas la vimos nada más empezar el año con la aparición del Esquema Nacional de Seguridad, el cual se propuso como objetivo el establecer las condiciones y medidas necesarias para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos en la Administración Pública.

Ahora nos encontramos con otro hito, publicándose hace pocas algunas semanas el borrador del RD de Protección de Infraestructuras Críticas. Este nuevo Real Decreto que se aproxima, nace con el propósito de regular la protección de las infraestructuras que presten servicios públicos esenciales para la sociedad frente a ataques deliberados de todo tipo, poniendo especial interés en el campo del terrorismo, mediante la definición y el desarrollo de un sistema y unos procedimientos que abarcan a todos los sectores públicos y privados afectados.

Echándole un vistazo a la norma nos encontramos, como principales pilares para la gestión de la misma, la definición de un catálogo en el que se identifican, para cada sector, aquellas infraestructuras críticas para la sociedad, que como define la norma son aquellas cuyo funcionamiento resulta indispensable y que su destrucción o interrupción supondría un grave impacto sobre los servicios públicos esenciales. Éstas se clasifican, según su ámbito, en Infraestructuras Críticas (IC) o Infraestructuras Críticas Europeas (ICE), si afectan a dos o más estados miembro de la Unión Europea. Así mismo, para determinar la criticidad de estas infraestructuras, se valoran principalmente en base a tres parámetros: el número potencial de víctimas que se pueda producir, el impacto económico y el impacto público.

Otro de los pilares con los que nos encontramos es el diseño de un plan estratégico que contenga medidas de prevención y protección eficaces contra las posibles amenazas hacia tales infraestructuras críticas. Como toda estrategia de seguridad, ésta parte en primer lugar de un análisis de riesgos, en el que se evalúan las amenazas y vulnerabilidades, seguido del análisis de las fortalezas y debilidades frente a los mismos. Dicho análisis permite determinar cuáles son las prioridades y la capacidad para, con ello, coordinar y planificar los esfuerzos necesarios del Gobierno, las Administraciones Públicas y el sector privado para hacerlos frente.

En cuanto a las figuras responsables, surge el Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), como órgano director y coordinador, y que depende únicamente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Así mismo, detalla todas aquellas relaciones y obligaciones de los diferentes actores involucrados.

Como punto destacado, cabe mencionar la especial atención que este Real Decreto presta hacia las tecnologías de la información, reconociendo la fuerte dependencia actual, tanto para su gestión como por su vinculación con otros sistemas. De la misma forma, se aboca por la implantación de las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en los sistemas y las comunicaciones (véase al respecto el artículo 26, Seguridad en las comunicaciones).

No obstante, tengo que decir que esta norma cae un poco en la ambigüedad en cuanto a medidas técnicas se refiere, dejando dicho criterio al Centro Criptológico Nacional, como órgano encargado de certificar y acreditar la seguridad de los sistemas de información y comunicaciones. Veremos con el paso de los días como queda la versión final de esta norma y también cómo afecta la situación actual de crisis en el desarrollo e implantación de la misma.

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