Si siguen este blog, ya conocen nuestra pequeña y particular obsesión por Google (y si no, ya lo saben). Eso no quita, por supuesto, que un servidor (yo) utilice sus servicios tanto como lo necesite; el hecho de que Google conozca mis hábitos de navegación, tenga acceso a mi correo de Gmail, o sepa quién y cuando accede alguien a mi blog personal les confieso que no me quita el sueño; quizá porque asumo que no hay nada en todo ello que le pueda ser interesante a Google, más que desde un punto de vista publicitario (siempre por supuesto en un ámbito personal, ya conocen aquello de “en casa del herrero…”). También es cierto que en algún momento de mi vida tuve una relativa preocupación por la indexación y almacenamiento que este buscador realizaba de los grupos de discusión (Usenet News), debido a mi por aquel entonces habitual costumbre de enzarzarme en discusiones estériles y nada sensatas con otros usuarios de estos grupos. Eso y otras cosas hicieron que decidiese añadir una etiqueta CONTENT=”NOARCHIVE” a toda aquella información que vuelco en mi página personal; esto no evita que Google (y otros motores de búsqueda) indexe los contenidos, pero sí que los guarde en caché, dándome la libertad de poder eliminar o cambiar cualquier texto en cualquier momento. Claro que siempre quedan aquellos robots menos educados, o los servicios de lectura feeds, pero dejemos eso para otro momento.
En resumen, cuando uno dispone de un acceso total a los medios de publicación, tomar algunas precauciones es sencillo (y recomendable). Pero esto cambia radicalmente cuando es un tercero quien publica estos datos. Entonces, esta información está accesible a cualquiera que tenga acceso a Internet gracias a Google, hasta que la fuente original decida eliminarla, algo que no siempre es tan fácil como cambiarle el nombre a un fichero. Y no se trata de cuando alguien decide publicar información que uno mismo hizo públicamente accesible en por ejemplo un blog personal, como comentamos aquella vez, sino de cuando es un tercero que sin autorización y en ocasiones con todo el respaldo legal, publica algo que a nosotros nos gustaría ocultar.
Este es precisamente el problema que refleja el reportaje que inspira esta entrada: que si sales retratado en el BOE por alguna sanción de cualquier tipo (como por ejemplo orinar en la calle), seas inocente o culpable, prepárate a que tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, futuros jefes, o alumnos (como en este caso), sepan qué y cuando lo hiciste. La parte buena de todo este asunto es que la AEPD ha resuelto a favor del “demandante”, y exige a Google que elimine los datos de su buscador. La parte mala del asunto es que Google no entiende de exigencias, y aunque no ha dicho que no lo vaya a hacer, ya ha añadido que aunque los borren, volverán a aparecer; es decir, la típica política del buscador basada en la respuesta “me da igual lo que me digas, seas quien seas, aunque podemos hablar de ello, si te sientes mejor” a cualquier petición de cualquier tipo, sea legítima o no.
Pero no me gustaría enzarzarme con Google, que sin duda podría admitirse que comparte parte de la culpa, sino que prefiero apelar a la incapacidad de muchos organismos gubernamentales para entender cómo funciona Internet y en particular los motores de búsqueda. Seamos claros: Google no lo indexa todo, sino que como la mayor parte de los grandes buscadores, proporciona herramientas que evitan que ciertas partes de una web se indexen y se almacenen; para empezar, el fichero robots.txt y las etiquetas meta NOINDEX y NOARCHIVE. Aún así, aunque no entendiese de restricciones, y esto aplica a aquellos motores de búsqueda menos educados, existen innumerables medidas para que ficheros que deben ser electrónica y públicamente accesibles lo sean, sin que los buscadores los vean: a bote pronto, páginas protegidas por contraseña, captchas para acceder a repositorios documentales, o servir los documentos previa petición interactiva y distribución de éstos mediante URLs temporales. Entiendo que es complicado admitir que un gobierno soberano tenga que plegarse a las técnicas y funcionamiento de las grandes corporaciones, pero por una parte, lo hacen a diario con las eléctricas, financieras, fabricantes de automóviles, etc., y por otra, mientras no se alcance una solución, el deber de ese gobierno es velar por la protección de los datos de sus ciudadanos. Porque una cosa es que cualquiera pueda saber que tú orinaste en la calle buscando y leyéndose el BOE correspondiente, y otra que Google se lo diga en su primer resultado de búsqueda.
Para acabar, la moraleja de esta entrada está muy clara: no orinen en la calle, por lo que pueda pasar.
Actualización 13h: Me comenta Fernando Seco que no está completamente de acuerdo en que Google tenga que eliminar dichos datos de sus búsquedas, puesto que los BOE y otros documentos gubernamentales son accesibles públicamente. Además, añado yo que probablemente Google no almacena los datos del BOE, sino que sólo los indexa y organiza, por lo que de algún modo, podríamos decir que la responsabilidad de que éstos sean indexados por Google recae toda o casi toda en el organismo que los publica, y no en el gigante norteamericano. ¿Ustedes qué opinan?
(Por cierto, el pasado 19 de enero se publicó el nuevo Reglamento de la LOPD (PDF). Permítannos un tiempo para analizarlo y ya les comentaremos.)
Hemos hablado en este blog varias veces de Google y el 
Reconozco que soy “de la vieja escuela”, que me gusta “tocar papel” cuando tengo que revisar un informe o leer un documento mínimamente extenso (y tengo que reconocer que esto me provoca un conflicto con mi conciencia medioambiental, pero eso es otro tema…). Ese gusto por el papel hace que periódicamente —siguiendo la política de mesas limpias implantada en mi organización— tenga que hacer limpieza, y destruir adecuadamente la documentación obsoleta.