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No podemos concebir la comunidad de inteligencia rusa, descrita en esta serie, como un conjunto de servicios dependientes del poder político o militar; el grado de penetración de estos servicios en toda la sociedad rusa es muy elevado, tanto oficial como extraoficialmente. No es ningún secreto que antiguos oficiales del KGB o del FSB ocupan puestos de responsabilidad en la política o las grandes empresas del país; como curiosidad, en 2006 se publicó que el 78% de los mil políticos más importantes del país habían trabajado para los servicios secretos rusos ([1]). Tanto es así que estos perfiles tienen un nombre propio: siloviki, término que viene a significar personas en el poder. Y no es ningún secreto quién es el siloviki más conocido: Vladimir Putin, Presidente de la Federación Rusa, quien fue agente del KGB en la época soviética y posteriormente Director del FSB.

Para entender este grado de penetración de la inteligencia rusa en ciertos órganos de poder es necesario remontarse especialmente a los años 90. El desmembramiento de la Unión Soviética causó una situación caótica en Rusia, con unos índices de paro o pobreza elevados; mucha gente había perdido su empleo –entre ellos, se estima que el 40% de los miembros del KGB ([2])- y la salida fácil para esos ciudadanos era, obviamente, la ilegal. Muchos antiguos miembros de las fuerzas de seguridad, del ejército o de los servicios de inteligencia acabaron engrosando las filas de grupos de crimen organizado o trabajando en el ámbito de la protección, legal o ilegal, de oligarcas o líderes mafiosos. Este trasvase de personal especializado a los grupos de crimen organizado supuso no sólo la forma de supervivencia de estas personas, sino un refuerzo considerable de dichos grupos, tanto en volumen como en calidad: muchos de ellos pasaron de ser pequeños grupúsculos sin especializar, que utilizaban técnicas básicas de intimidación, a convertirse gracias a esos nuevos fichajes en grupos mafiosos perfectamente organizados, con mejores recursos humanos y materiales y con unas tácticas altamente especializadas. Y muy especialmente, con mejores relaciones con los servicios de seguridad, defensa o inteligencia rusos, cuna de buena parte del nuevo personal de los grupos mafiosos.

En esta convulsa situación, parecía que el negocio más estable era el crimen organizado; a modo de ejemplo, en 1995 se había triplicado el número de homicidios frente a los datos de 1988. Cuando el Gobierno ruso comienza a privatizar empresas y servicios estatales, los grupos de crimen organizado, con mucho dinero y poder, identifican la oportunidad de posicionarse en éstos, lo que automáticamente no sólo incrementa su poder económico, sino que posiciona a las mafias en primera línea del poder político.
Recapitulemos: el crimen organizado mantenía una estrecha relación con los servicios de seguridad o inteligencia, ya que muchos de sus miembros provenían de éstos, y también con las grandes empresas privatizadas y por tanto con la política nacional. Una combinación perfecta para erigirse en una pieza clave para el país. El Gobierno ruso era consciente de que, para devolver el país a una situación de relativa normalidad había que contar, de forma obligatoria, con el crimen organizado; tanto fue así que en 1994 Boris Yeltsin llegó a denominar a Rusia “el mayor estado mafioso del mundo”.

Pero la llegada de Vladimir Putin al gobierno, en 1999, trata de cambiar esta situación con dos objetivos: devolver el control de los activos estratégicos al estado y hacer saber al mundo que el estado volvía a controlar dichos activos –y por tanto, Rusia era una potencia mundial como lo fue la URSS-. Arrebata el control de las principales empresas y puestos de mando a oligarcas y criminales y sitúa en ellos a antiguos oficiales del KGB o de su sucesor, el FSB, seguro de que todos ellos identificaban a la misma Madre Rusia de la que ya hemos hablado en esta serie.

Con una dosis de mano dura, Vladimir Putin consigue su reto y elimina en buena parte al crimen organizado de las posiciones estratégicas para el país; pero el poder adquirido por los grupos mafiosos durante los años noventa era demasiado elevado, y tratar de eliminar sus actividades por completo podría incluso desestabilizar a Rusia ([2]), con lo que Putin debe conformarse con apartarlos de estas posiciones estratégicas pero permitir de forma velada que continúen con sus negocios ilegales.
Fijémonos en la gran telaraña: los servicios de inteligencia rusos mantienen conexiones con el crimen organizado, ganadas en los años noventa, y una amplia penetración en los círculos de poder político (gobierno) y económico (empresas estratégicas) del país, ganada en la primera década de este siglo. Con este grado de infiltración en los círculos de poder, la inteligencia rusa consigue dos objetivos claros: cobertura y control (o colaboración, según el grado requerido en cada caso); esto ha sido así desde la época soviética y lo es –casualmente o no- en la rusa. De hecho, hasta hace poco, un elevado porcentaje de los altos cargos del gobierno ruso eran siloviki, si bien con Medvedev este porcentaje se ha reducido y los siloviki han perdido parte de su poder en la política, aunque aún constituyen un grupo de presión relevante (o varios, ya que hay varias “familias” de siloviki). Con la elección de Medvedev como Primer Ministro ruso, Putin reforzó a los liberales (economistas y abogados, muchos de ellos de San Petersburgo) frente a los siloviki, encabezados por Sergei Ivanov, a quien otorgó la Jefatura de la Oficina Ejecutiva Presidencial; un movimiento interesante entre dos clanes enfrentados que a partir de ese momento tienen un nexo de unión casi único: el propio Presidente Putin.

Además de con estos círculos de poder, los servicios rusos se relacionan estrechamente con movimientos ciudadanos e incluso con la iglesia ortodoxa rusa; aunque esta última relación no la vamos a describir –nos estamos focalizando, o intentándolo, en un ámbito ciber- no deja de ser un buen indicativo de hasta qué punto hay una amplia penetración social de la inteligencia en la sociedad rusa. Y veremos que esta penetración no se restringe a la inteligencia clásica, sino que se extrapola automáticamente al ámbito ciber.

Las relaciones de los servicios rusos con algunos de estos actores están en general amparadas por la Ley y no pueden más que causar prejuicios éticos; no obstante, en las relaciones “extraoficiales” la legalidad es más que dudosa, no sólo con el crimen organizado (en nuestro caso, con el cibercrimen organizado) sino también con movimientos como los patriotic hackers, que han lanzado auténticas campañas ofensivas contra objetivos de la patria rusa, quizás amparados por los propios servicios del país…
Vamos a repasar en estas próximas entradas las relaciones de la comunidad de inteligencia rusa, descrita con anterioridad, con los diferentes actores relevantes para dicha comunidad, que le permiten incrementar su control y sus capacidades de actuación, en especial extraoficialmente.

Referencias
[1] Alexander Klimburg, Heli Tirmaa-Klaar. Cybersecurity and cyberpower: concepts, conditions and capabilities for cooperation for action within the EU. Directorate-General for External Policies of the Union. Directorate B. Policy Department. European Parliament, 2011.

[2] Fred Burton, Scott Stewart. Russia and the Return of the FSB. Stratford Security Weekly. Abril, 2008.