Security Art Work

Comenzaba el otro día Alberto su entrada sobre clasificación de la información comentando que éste suele ser un motivo habitual de incumplimiento. En efecto, cuando estamos trabajando en una organización y pedimos el procedimiento de clasificación y tratamiento de la información, en muchos casos nos miran con cara de póker y nos vienen a decir algo del tipo “¿Yesoqués?”.

Tener definido —e implantado— un procedimiento que nos diga cómo trabajar con la información corporativa es no sólo una buena práctica recogida en estándares como ISO 27.002 , sino en ocasiones incluso un requisito legal: la propia LOPD recoge restricciones diferentes en función del nivel de cada tratamiento declarado. No debemos olvidar que la información es sin duda uno de los activos más importantes de nuestra organización, y que muchos de los esfuerzos que a diario realizamos van orientados a proteger este activo, por lo que la clasificación y el tratamiento de la información son una pieza básica para garantizar la seguridad.

Un procedimiento de clasificación y tratamiento de la información debe ser acorde tanto a los requisitos del negocio (no implantemos unas restricciones propias de la NASA en una empresa que no las necesita, porque acabarán incumpliéndose) como a los requisitos legales (ojo a la LOPD y las restricciones que impone a los tratamientos declarados en función de su nivel). En mi opinión, un procedimiento de este tipo debe contemplar al menos los siguientes puntos:

— Clasificación.

¿Cómo clasificamos la información corporativa? ¿Qué diferencias hay entre SECRETO, CONFIDENCIAL o INTERNO? Si no sabemos clasificar de forma clara la información con la que trabajamos, difícilmente podremos protegerla.

— Restricciones de tratamiento, incluyendo difusión, copia, almacenamiento y transmisión.

¿Quién tiene o puede tener acceso a cada tipo de información? ¿Cómo debe tratarse, por ejemplo, cuando sea necesario sacarla fuera de las premisas de la organización? ¿Puedo utilizar un dispositivo USB sin cifrar para almacenar —o extraer— información confidencial? Debemos tener claro que no podemos hacer lo que nos venga en gana con la información, sino que debemos adecuarnos tanto a la legalidad como a la normativa interna definida en la organización.

— Marcado.

¿Qué marcas debe tener un soporte —físico o lógico— con información de cierto tipo? ¿Debo disponer de algo tan simple como un cuño con la leyenda “SECRETO”? La información que queramos proteger —esto es, probablemente, toda salvo la pública— debe marcarse de forma adecuada, garantizando así que quien la maneja sabe en todo momento con qué tipo de información está tratando (y por tanto puede aplicar correctamente las restricciones de tratamiento).

— Caducidad.

¿Cuándo pierde una información de cierta categoría su valor? ¿Pasa por defecto la información secreta a ser pública en algún momento? Si es así, ¿cuándo? El valor de la información cambia con el tiempo, y quizás debamos plantearnos —o no— tiempos de vida para nuestros datos.

— Destrucción.

¿Cómo destruyo cada tipo de información? ¿Utilizo un simple formateo para eliminar información secreta de un soporte, o por el contrario debo utilizar un borrado seguro? ¿Y si es confidencial? Los mecanismos de destrucción de la información, sin importar el tipo de soporte sobre el que se almacene, deben estar identificados de forma clara, garantizando que no es posible recuperar aquellos datos que creemos haber eliminado.

— Auditoría y control.

¿Qué salvaguardas aplico para garantizar que lo que he escrito en el procedimiento se cumple en la realidad? ¿Hago un muestreo de mesas limpias? ¿Registro las destrucciones de medios? Todo lo especificado en un procedimiento queda muy bien sobre el papel, pero debo garantizar su cumplimiento en la realidad y detectar en el menor tiempo posible cualquier desviación con respecto a lo definido.

— Régimen disciplinario.

¿Qué sucede si alguien de la organización incumple el procedimiento y se lleva un dispositivo USB con información secreta sin cifrar? ¿Y si usa un medio de destrucción incorrecto para la clasificación a eliminar? En el procedimiento debo identificar claramente qué sucede cuando alguien —en especial de forma consciente— incumple lo especificado.

Una buena referencia en la materia, algo antigua pero que nos puede aportar mucha información e ideas para definir la clasificación y el tratamiento de la información corporativa, es la directiva 5200.1 (y derivadas) del Departamento de Defensa estadounidense, disponibles desde http://www.dtic.mil/. Eso sí, tengamos presente que se trata de un estándar militar, y que por tanto no es de completa aplicación en la mayoría de organizaciones con las que habitualmente trabajamos (lo dicho antes: no matemos moscas a cañonazos, no nos pasemos a la hora de imponer restricciones, y hagamos bien nuestro trabajo de consultoría: definamos e implantemos controles adecuados a cada organización).

En las auditorías de seguridad de la información, al igual que en las de protección de datos personales, uno de los temas que es motivo frecuente de incumplimiento, es la carencia de un procedimiento de clasificación de la información y adicionalmente, la clasificación de los riesgos inherentes a aquella. ¿Cómo se entiende que una organización pueda controlar la información que gestiona (importante activo) sin establecer ciertas categorías en la misma y aplicar los debidos controles para su validación, protección y limitación de uso y acceso?

Unos ejemplos

El periódico que está sobre la mesa de recepción, no tiene clasificación alguna y es de acceso público, pero si casualmente hablase de la organización, probablemente se intentaría evitar su acceso (en caso negativo) o se pincharía en el tablón de anuncios (caso positivo); vemos que el contenido —la información— delimita la categoría del soporte. Un albarán de envío de materiales (pongamos una fábrica de tubos) a un cliente sólo mostrará la dirección social del cliente y la lista de productos, siendo por tanto una información confidencial, pero de bajo nivel de riesgo. Sin embargo, si el mismo albarán va valorado, mostrará precios aplicados al cliente así como posibles descuentos y formas de pago (no quisiera pensar que mostrase la cuenta bancaria), conteniendo de este modo información confidencial de un nivel superior en relación al caso anterior, dado que cualquiera que tuviera acceso a él, podría conocer detalles sobre los términos comerciales de acuerdos en precios, descuentos y formas de pago con el cliente. Esta información es sensible y muy apetecida por la competencia.

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Cuando una organización sufre determinados incidentes de seguridad (por ejemplo, una intrusión), se plantea la realización de un análisis forense, en el que se tratan de obtener y presentar evidencias electrónicas del problema acaecido; adicionalmente, en ocasiones —no siempre, aunque si se ha producido un delito debería ser así—, es necesario efectuar una denuncia, y es entonces cuando surge la necesidad de realizar un peritaje informático por parte de un perito cualificado.

Un peritaje informático tiene como objeto dar respuesta técnica a una serie de cuestiones planteadas bien por una de las partes bien por el propio juez; dicha respuesta, por muy complejos que sean el desarrollo o las bases de la misma, debe ser concisa y sencilla (pensemos que la tienen que interpretar personas que no tienen por qué estar familiarizadas técnicamente con el objeto del informe). Así, siempre es conveniente incluir un apartado de “conclusiones” dentro de nuestro informe, en el que en base a todo lo desarrollado en el cuerpo del mismo, se muestren de forma resumida las respuestas a las cuestiones planteadas.

Para poder realizar y defender un informe pericial no es necesario, a priori, ningún requisito especial; no obstante, en la práctica suele ser positivo para que el informe sea tenido en cuenta por el juez, bien disponer de una titulación académica adecuada al objeto del informe, o bien disponer de una experiencia profesional en el campo al que el informe hace referencia. Dicho de otra forma, yo podría presentar un informe pericial acerca de los problemas de salud que un determinado individuo dice padecer y dar mi opinión acerca de si estos problemas han influido en la comisión de un delito, pero como no soy médico, mi informe sería poco más que papel mojado ante un tribunal. Por este motivo, cuando estamos tratando casos en los que entran en juego la informática o las telecomunicaciones, tanto el juez como las partes tratarán de buscar peritos Ingenieros Informáticos o de Telecomunicación. Las empresas de seguridad que tienen entre su catálogo de servicios, dentro de los aspectos de gestión de incidentes, los peritajes, disponen —o deben disponer— de Ingenieros cualificados para realizar estos informes; además, los Colegios Oficiales disponen en muchos casos de turnos de actuación profesional (algo equivalente al turno de oficio para los abogados) para aportar peritos en aquellos casos en los que se solicitan (por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática dispone de este turno de actuación).

Los que hemos realizado y defendido informes periciales —tanto de parte como judiciales— ante un juez, nos hemos tenido que enfrentar en muchas ocasiones a los principales problemas que bajo mi punto de vista existen a la hora de emitir un informe; en este orden:

— Incapacidad técnica para la emisión del dictamen.

Si hay que realizar un informe acerca de un individuo que se ha roto una pierna, desde el juzgado buscarán a un traumatólogo, no a un neurocirujano, por muy médico que este sea. Obvio, ¿verdad? Pues cuando entra en juego la tecnología, esto no es tan obvio… exagerando un poco, si asesinan a alguien dándole golpes con un portátil, es fácil que se busque a un Ingeniero Informático para emitir el informe en cuestión. Ante casos de este tipo, el perito debe ser tajante: se rechaza la realización del informe por incapacidad técnica. Por muy perito informático que yo sea, rechazaré una pericia relacionada con el mal funcionamiento de un SAP, porque desconozco técnicamente su funcionamiento y no me siento capacitado para hablar con propiedad sobre este entorno —y más cuando delante tengo a gente que puede estar jugándose penas de cárcel—.

— Técnicamente, todo es posible.

Por muy obvia que para un técnico sea una cuestión, para un juez o un abogado no lo es tanto; así, si estamos realizando un informe en el que se indica que un individuo ha utilizado su ordenador para atacar sistemas de terceros, y al individuo en cuestión se le incauta un equipo lleno de herramientas de hacking (con sus correspondientes accesos directos en el escritorio), ficheros de contraseñas, logs de chats… el acusado siempre puede decir que todo eso “se lo han puesto por la WiFi” y que él no sabe nada. Y cuando nos pregunten si eso es técnicamente posible, tendremos que decir que sí (aunque insistamos en la baja probabilidad por N motivos). En función del juez que lleve el caso, se declarará al acusado inocente.

— Contraposición de visiones: juristas y peritos.

Como hemos dicho antes, cuando realizamos un informe pericial debemos responder desde un punto de vista técnico a una serie de cuestiones que se nos plantean; es vital no incluir nunca opiniones personales no fundadas, y también es importante no entrar en el ámbito del abogado o del juez: un perito nunca puede decir, por muy obvio que técnicamente le parezca, que el acusado es culpable o inocente. Los aspectos jurídicos no entran de ninguna manera en el ámbito de actuación de un perito. De la misma forma, el perito no puede admitir —esto suele suceder en los informes de parte, no en los judiciales— opiniones legalistas que no se correspondan con la estricta realidad: si en nuestro informe decimos que algo es “altamente improbable” queremos decir sólo eso, que es altamente improbable, y no que es imposible (un término que seguramente para el abogado será mucho más directo y efectivo, y por tanto tratará que incluyamos en el informe, pero que técnicamente puede no ser cierto).

Finalmente, un problema que no es exclusivo de los peritos, sino que quizás es generalizado en el sistema judicial: para defender durante quince minutos nuestro informe, seguramente invirtamos toda una mañana en los juzgados. Ante esto, paciencia: es lo único que podemos hacer como peritos :)