[Como habrán visto, y a petición del respetable, hemos introducido la funcionalidad de búsqueda, tanto simple (a su derecha), como avanzada, algo que empezaba a ser una necesidad teniendo en cuenta la cantidad de entradas en las que nos empezamos a mover.]

La semana pasada estuve de vacaciones, y me perdí la entrada de Enrique Dans insistiendo, otra vez, en la conveniencia de gestionar el correo corporativo a través de Google Apps Premium Edition. Bueno, en realidad no me la perdí, pero intenté mantenerme alejado del tema, al menos hasta mi vuelta.

Poco después, el abogado Javier Mestre del Bufete Almeida publicaba un artículo en elmundo.es titulado “El cuento de la lechera 2.0“, poniendo en tela de juicio la conveniencia legal de utilizar los servicios de Google Apps Premium Edition para cuestiones corporativas, en algo que parece casi una respuesta personalizada dirigida a Enrique Dans (“un experto asesor en nuevas tecnologías, de esos que van siempre a la última rodeado de ‘gadgets’ por todos lados”, Javier Mestre dixit). Como respuesta, Carlos Gracia, Director de Google Enterprise España y Portugal, replica con un artículo titulado “Esto no es un cuento 2.0“, y Enrique Dans remata la faena con un artículo en el que critica desde la ignorancia el enfoque de Javier Mestre y respalda los prácticamente inexistentes argumentos proporcionados por el portavoz de Google, casi en calidad del comercial del gigante norteamericano.

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Hoy, El Pais da cuenta de una noticia: “Filtrados a un diario alemán los datos de tarjetas de crédito de miles de clientes”, en la que se informa de otra pérdida de datos de tarjetas de crédito.

¿Por qué se producen tantos incidentes graves en la gestión de datos personales que hacen las entidades públicas o privadas? Hoy el Berliner Landesbank, pero no hace mucho fue la Hacienda británica ¡por segunda, tercera vez! la que perdió datos personales de los ciudadanos.

No sé si es por la forma de redactar del periodista de El País, pero no da la impresión de que a nadie le haya extrañado demasiado ni se haya rasgado las vestiduras. Estas noticias están dejando de ser noticia. Voy a hacer una predicción: cada vez vamos a enterarnos de casos más graves, en los que se pierda información más sensible o de más millones de usuarios. ¿Hasta cuándo?

¿Nos podemos imaginar que se hubiera perdido dinero, contenido de las cajas de seguridad o documentación confidencial del banco? Seguro que alguien acabaría en la calle. O secretos militares… menudo escándalo. A algún ministro le costaría el cargo.

¿Cuál es la diferencia? En mi opinión, hay tres: (1) se trata de información de los ciudadanos, que no perjudica directamente a los depositarios de la misma, sino a los propios ciudadanos; (2) el perjuicio es difuso, no es que le hayan robado nada a nadie, sino que podrían robarle a algunos de los ciudadanos, si no toman las medidas adecuadas; y (3) la información “extraviada” no la maneja un grupo reducido de personas que entienden su valor, sino mucha gente dentro de varias organizaciones: el banco, la empresa subcontratada para la gestión de los cómputos bancarios (¿?), la delegación… es tan sencillo copiarse una base de datos o una hoja de cálculo…

En resumen, información que manejan muchas personas que no valoran adecuadamente su importancia, que la manejan de manera rutinaria, sino con indeferencia.

Hace falta formación, hacen falta procedimientos y hacen falta mecanismos de seguridad adecuados. Y mucha, mucha concienciación.

Si siguen este blog, ya conocen nuestra pequeña y particular obsesión por Google (y si no, ya lo saben). Eso no quita, por supuesto, que un servidor (yo) utilice sus servicios tanto como lo necesite; el hecho de que Google conozca mis hábitos de navegación, tenga acceso a mi correo de Gmail, o sepa quién y cuando accede alguien a mi blog personal les confieso que no me quita el sueño; quizá porque asumo que no hay nada en todo ello que le pueda ser interesante a Google, más que desde un punto de vista publicitario (siempre por supuesto en un ámbito personal, ya conocen aquello de “en casa del herrero…”). También es cierto que en algún momento de mi vida tuve una relativa preocupación por la indexación y almacenamiento que este buscador realizaba de los grupos de discusión (Usenet News), debido a mi por aquel entonces habitual costumbre de enzarzarme en discusiones estériles y nada sensatas con otros usuarios de estos grupos. Eso y otras cosas hicieron que decidiese añadir una etiqueta CONTENT=”NOARCHIVE” a toda aquella información que vuelco en mi página personal; esto no evita que Google (y otros motores de búsqueda) indexe los contenidos, pero sí que los guarde en caché, dándome la libertad de poder eliminar o cambiar cualquier texto en cualquier momento. Claro que siempre quedan aquellos robots menos educados, o los servicios de lectura feeds, pero dejemos eso para otro momento.

En resumen, cuando uno dispone de un acceso total a los medios de publicación, tomar algunas precauciones es sencillo (y recomendable). Pero esto cambia radicalmente cuando es un tercero quien publica estos datos. Entonces, esta información está accesible a cualquiera que tenga acceso a Internet gracias a Google, hasta que la fuente original decida eliminarla, algo que no siempre es tan fácil como cambiarle el nombre a un fichero. Y no se trata de cuando alguien decide publicar información que uno mismo hizo públicamente accesible en por ejemplo un blog personal, como comentamos aquella vez, sino de cuando es un tercero que sin autorización y en ocasiones con todo el respaldo legal, publica algo que a nosotros nos gustaría ocultar.

Este es precisamente el problema que refleja el reportaje que inspira esta entrada: que si sales retratado en el BOE por alguna sanción de cualquier tipo (como por ejemplo orinar en la calle), seas inocente o culpable, prepárate a que tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, futuros jefes, o alumnos (como en este caso), sepan qué y cuando lo hiciste. La parte buena de todo este asunto es que la AEPD ha resuelto a favor del “demandante”, y exige a Google que elimine los datos de su buscador. La parte mala del asunto es que Google no entiende de exigencias, y aunque no ha dicho que no lo vaya a hacer, ya ha añadido que aunque los borren, volverán a aparecer; es decir, la típica política del buscador basada en la respuesta “me da igual lo que me digas, seas quien seas, aunque podemos hablar de ello, si te sientes mejor” a cualquier petición de cualquier tipo, sea legítima o no.

Pero no me gustaría enzarzarme con Google, que sin duda podría admitirse que comparte parte de la culpa, sino que prefiero apelar a la incapacidad de muchos organismos gubernamentales para entender cómo funciona Internet y en particular los motores de búsqueda. Seamos claros: Google no lo indexa todo, sino que como la mayor parte de los grandes buscadores, proporciona herramientas que evitan que ciertas partes de una web se indexen y se almacenen; para empezar, el fichero robots.txt y las etiquetas meta NOINDEX y NOARCHIVE. Aún así, aunque no entendiese de restricciones, y esto aplica a aquellos motores de búsqueda menos educados, existen innumerables medidas para que ficheros que deben ser electrónica y públicamente accesibles lo sean, sin que los buscadores los vean: a bote pronto, páginas protegidas por contraseña, captchas para acceder a repositorios documentales, o servir los documentos previa petición interactiva y distribución de éstos mediante URLs temporales. Entiendo que es complicado admitir que un gobierno soberano tenga que plegarse a las técnicas y funcionamiento de las grandes corporaciones, pero por una parte, lo hacen a diario con las eléctricas, financieras, fabricantes de automóviles, etc., y por otra, mientras no se alcance una solución, el deber de ese gobierno es velar por la protección de los datos de sus ciudadanos. Porque una cosa es que cualquiera pueda saber que tú orinaste en la calle buscando y leyéndose el BOE correspondiente, y otra que Google se lo diga en su primer resultado de búsqueda.

Para acabar, la moraleja de esta entrada está muy clara: no orinen en la calle, por lo que pueda pasar.

Actualización 13h: Me comenta Fernando Seco que no está completamente de acuerdo en que Google tenga que eliminar dichos datos de sus búsquedas, puesto que los BOE y otros documentos gubernamentales son accesibles públicamente. Además, añado yo que probablemente Google no almacena los datos del BOE, sino que sólo los indexa y organiza, por lo que de algún modo, podríamos decir que la responsabilidad de que éstos sean indexados por Google recae toda o casi toda en el organismo que los publica, y no en el gigante norteamericano. ¿Ustedes qué opinan?

(Por cierto, el pasado 19 de enero se publicó el nuevo Reglamento de la LOPD (PDF). Permítannos un tiempo para analizarlo y ya les comentaremos.)